Según la Wikipedia, un Gobierno Abierto es aquél que tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
Desde luego, la idea suena fantásticamente bien, pero su aplicación es muy dudosa, más aún en el ámbito de la educación y las leyes educativas.
Además de los continuos recortes en educación, la pérdida de derechos de los docentes y el insistente interés por ponernos en evidencia desde la Administración, las sucesivas leyes educativas que hemos «sufrido» en España, fruto de los intereses políticos más que de los intereses de los españoles, han puesto en evidencia la incapacidad de los distintos gobiernos que hemos tenido para llevar a cabo una reforma que todos sabemos tan necesaria: la creación de una ley educativa consensuada entre los distintos partidos políticos y, sobre todo, en la que los que más tenemos que decir al respecto, que somos los docentes, seamos tenidos en cuenta.
Pero no los docentes mediáticos que no se mojan a la hora de opinar. No esos docentes de cátedra que hace mil años que no pisan una escuela ni un instituto. No, esos no. Los docentes de a pie. Los que seguimos dando clase día a día. Los que sufrimos los continuos cambios de mal en peor de las distintas leyes educativas. Los que pasamos más horas con los niños que algunos de sus padres.
Pues eso, que ya va siendo hora de que se nos escuche. Tenemos mucho que decir en esto. y, mientras no se demuestre con hechos lo contrario, el término Gobierno Abierto en España será un cuento de hadas como Blancanieves y los siete enanitos.